"Estamos contra la concentración y los monpolios"

La realidad desafía esta "mentiraska".

El “Instituto Argentino para el Desarrollo Económico”, denuncia que sólo 2 empresas fabricaban tolueno, del que deriva el plástico.

Una sola empresa –Siderar- produce el 99% de chapa laminada en frío y el 84% de laminada en caliente.

Aluar tiene el monopolio del aluminio.

Tres empresas concentra la venta de cemento.

En alimentos, de grave incidencia en los bolsillos de la gente, una empresa Bimbo, el 62% del pan industrial; dos, Arcor y Danone, el 73% del mercado de galletas dulces y el 77% de las saladas.

Sancor y Danone comercializan el 70% de la leche fluida, chocolatada y yogures.

Sólo 3 empresas controlan el 83% de las ventas en supermercados.

En todos los casos se trata de empresas con afinados vínculos, contactos y acuerdos con el Secretario de Comercio: Guillermo Moreno.

No culpamos a las empresas que en definitiva "hacen lo que les conviene" o "lo que pueden".

Acusamos al gobierno de tener un discuros y hacer otra cosa.

Está claro que el gobierno en vez de estimular la competencia, privilegia un "dirigismo económico" en el acuerda precios y mercados con pocos actores ("Capitalismo de amigos").

Está claro también que a los K les resulta incómodo llevar adelante su "dirigismo económico" donde tiene que iteractuar con sectores altamente atomizados, competitivos y no concentrados (como el sector agropecuario donde intervienen 300.000 productores, miles de contratistas, proveedores, profesionales, transportistas, fabricantes de maquinarias, etc..).

Su "experiencia de gestión pública", tributaria de Provincia petrolera donde todo el arte consiste en arreglar con 5 companías petroleras, 4 pesqueras y algunos hoteles resulta inútil en escenarios complejos y competitivos.

Su interlocutor natural es el monopolio, no el "mercado".

En una muestra de hipocresía sin límites Nestor K aprobó la fusión de Cablevisión y Multicanal lo que constituyó la concreción de un monopolio indisimulable.

Unos meses despúes, cuando el Grupo Clarín no fue funcional al gobierno en el conflicto con el campo, el matrimonio presidencial impulsó la ley de medios fundándola en la necesidad de terminar con los monopolios.

Esta situación llevó a José Sbatella a sostener que desde la Comisión de Defensa de la Competencia “se actuó en contra de los intereses de la sociedad, o de las empresas argentinas.” El gobierno lo obligó a renunciar como subsecretario.

Lejos de alentar la competencia, los Kirchner hicieron lo imposible por alentar la concentración y los monpolios.

Y resistieron en la justicia todos los intentos por desconcentrar y terminar con los monopolios.

En abril del 2004 se le requirió ante la Justicia Federal que el Poder Ejecutivo cumpliera con la Constitución Nacional, que establece los derechos a la defensa de la competencia, del usuario y el consumidor (Art. 42º).

La Ley Nº 25.561, de octubre de 1999, ordenó al Ejecutivo constituir el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia en un plazo de 120 días (Art. 60º).

Han pasado 10 años y el Tribunal no está conformado. El Ejecutivo sigue violando la Constitución y la Ley.

La Justicia Federal, mediante 21 resoluciones del Juez de Primera Instancia y de la Cámara Federal, todas ajustadas a derecho, más 5 fallos de la Corte Suprema de Justicia, condenaron al Poder Ejecutivo a cumplir con la Ley.

Sorprendentemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 9 meses después de emitir fallo definitivo, revoca su sentencia y habiendo perdido la jurisdicción por agotamiento de instancia, reabre la causa y resuelve lo contrario a lo sentenciado meses antes.

Este arbitrario, contradictorio, preclusorio (dicta 2 fallos opuestos en la misma causa) e ilegítimo fallo, obrante en el Expediente 77.334, no tiene precedentes en la historia judicial de Argentina ni del mundo. Acredita la inseguridad jurídica vigente en nuestro país, que repudian las naciones civilizadas y nos coloca entre los países menos seguros.

Desnacionalización Argentina y de empresas Entre los miles de argumentos y pruebas ofrecidos, que la Corte no tuvo en cuenta y que alteran el derecho de defensa, cobran trascendencia los relacionados con la desnacionalización de la economía y de empresas.

Se demostró en la causa 77.334, que en vez de ser el Tribunal Nacional, único organismo Constitucional con facultades para tratar concentraciones y fusiones, funcionarios políticos resolvían sobre aspectos de la economía. En la actualidad, Guillermo Moreno.

Esta violación legal (Art. 59º) fue inexplicablemente ratificada por la Corte, que ahora se queja del atropello del Ejecutivo sobre la Justicia.

En el caso concreto del que hablamos, el beneficiario de la sentencia, Horst Paullman, le compró a Néstor Kirchner los cuestionados terrenos fiscales de Calafate en U$S. 2.400.000.

Más allá que la CSJN haya dado o no la razón al Ejecutivo, lo cierto es que éste jamás abogó por la desconcentración, la libre competencia sino todo lo contrario. Su postura en sede judicial siempre fue a favor del monopolio, la concentración y el dirigismo económico.

Fuente: Edgardo Civit Evans